12 de noviembre de 2026

Política

Política. Guillermo Quiroga fue absuelto en la causa por presunta administración fraudulenta en ATE

La jueza Ana Karina Breckle dictó la absolución del secretario general de ATE tras un juicio por presunto desvío de más de $22 millones. El fallo cuestionó la investigación fiscal y concluyó que no se acreditó un perjuicio patrimonial al sindicato.

En una sala de audiencias colmada y tras un extenso debate que mantuvo en vilo a la escena política y sindical de la provincia, la Justicia dictó este miércoles la absolución de Guillermo Quiroga, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El dirigente gremial llegó al final del juicio oral enfrentando una acusación por el delito de administración fraudulenta, en una causa que investigaba un presunto desvío de fondos superior a los 22 millones de pesos. La jueza penal Ana Karina Breckle fue la encargada de dar a conocer el veredicto tras una lectura que se extendió por más de una hora y media. En su resolución, la magistrada dictaminó la certeza negativa absoluta sobre la comisión de un delito penal, volcándose de lleno hacia los argumentos presentados por la defensa técnica del sindicalista, a cargo del abogado Edgardo Oscar Romero Bruno.

Los ejes de la acusación fiscal y la respuesta de la defensa

La investigación, llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal encabezado por el fiscal general Lucas Papini, había puesto la lupa sobre los movimientos financieros realizados entre noviembre de 2019 y mayo de 2023.

La hipótesis de la fiscalía y de las querellas particulares -impulsadas inicialmente por sectores internos del gremio, como la dirigente Claudia Barrionuevo- señalaba que Quiroga había transferido un total de $22.765.769 desde las cuentas institucionales de ATE (principalmente del Banco del Chubut) hacia cuentas personales en distintas entidades bancarias. De acuerdo con el lineamiento acusatorio, dichos fondos habrían sido utilizados para cancelar resúmenes de tarjetas de crédito, adquirir bienes particulares, financiar viajes y abonar membresías, configurando de este modo un perjuicio económico directo al patrimonio de la organización sindical. Como correlato de esta imputación, la fiscalía había llegado a requerir una pena de tres años y dos meses de prisión efectiva, mientras que las querellas solicitaron hasta cuatro años de condena e inhabilitación gremial.

Por el contrario, la estrategia defensiva calificó la causa como una investigación "sesgada", "irregular" y "vergonzosa", apuntando a que el proceso carecía de sustento probatorio sólido. Durante el juicio, los testigos de la defensa remarcaron que el manejo operativo del sindicato requería de controles cruzados y de múltiples firmas autorizadas, desestimando la idea de un accionar unilateral. Asimismo, se argumentó que la propia conducción institucional de ATE jamás reconoció un perjuicio patrimonial ni denunció un faltante en sus arcas.

Duras críticas a la investigación y el veredicto absolutorio

El núcleo de la sentencia de la jueza Breckle recayó sobre la metodología de la pesquisa y la falta de acreditación del daño económico. La magistrada sostuvo con contundencia que la propia asociación sindical no registró ni proclamó perjuicio patrimonial alguno, un factor determinante bajo la premisa jurídica de que, sin víctima acreditada, no se configura el delito de administración fraudulenta.

Además, la jueza cuestionó de manera severa el desempeño del Ministerio Público Fiscal, señalando una evidente "falta de objetividad". En su fallo, remarcó que recaía sobre los acusadores la responsabilidad legal de demostrar de manera fehaciente que el dinero transferido había sido destinado a fines estrictamente personales y no institucionales, y no sobre el imputado la obligación de justificar cada movimiento financiero por fuera de las cargas probatorias correspondientes.

Del mismo modo, el pronunciamiento judicial deslizó reparos sobre el trasfondo de la denuncia, deslizando la posibilidad de que la causa respondiera a disputas de carácter político-gremial en el marco de la vida interna de la organización sindical.

Con este fallo absolutorio de primera instancia, Guillermo Quiroga despeja la mayor tormenta judicial y penal que debió afrontar al frente del sindicato estatal, consolidando su posición institucional tras un proceso que mantuvo en vilo a las bases de ATE en la provincia.

Comentarios

0

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.

Cargando comentarios...